La aprobación relámpago de la reforma fiscal PEC (Proyecto de Ley) 45/2019 en la Cámara de Diputados se convirtió en una fiesta nacional de las élites burguesas y burocráticas. Los grandes medios de comunicación trataron la celebración como el fin de un ciclo de más de 30 años de debates sobre el tema. Los bancos, a través de Febraban (federación de bancos), y la industria, a través de Fiesp (federación de industrias de São Paulo), celebraron – esta última incluso pagó un anuncio de dos páginas en la Folha de São Paulo para presionar por la votación del texto. El agronegocio, siempre rechinando los dientes, no tenía nada de qué quejarse. El gobernador de São Paulo, un Bolsonar en ascenso, se articuló para la aprobación y aplaudió el texto final.
En la esfera política, Arthur Lira (diputado presidente de la Cámara) se fortaleció como primer ministro de nuestro régimen presidencial, dictando la agenda del Congreso y cosechando los votos para su aprobación. El gobierno de Lula, a su vez, obtuvo la marca de haber sido la administración que finalmente desbloqueó una reforma estancada durante décadas. La oposición de Bolsonaro, de forma teatral, votó mayoritariamente en contra -aunque 20 diputados del PL (Partido Liberal) la apoyaron- a pesar de estar de acuerdo con todo el contenido del proyecto. No querían sancionar lo que decían era “la reforma del PT”, ignorando que el texto llevaba cuatro años en el Congreso y era fruto de articulaciones de derecha.
Este breve resumen demuestra los consensos burgueses construidos en torno a la PEC 45. Estos consensos no dejan de resistir, desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores, ante una lectura crítica y detallada de la situación. En este texto traemos elementos para una primera mirada, aún en forma resumida, sobre los consensos burgueses construidos en torno a la reforma tributaria y vendidos a la población como avances estratégicos.
En primer lugar, es necesario decir que no se votó una reforma que está en debate desde hace tres décadas. Se votó un proyecto de ley presentado en 2019 por el diputado Baleia Rossi, presidente nacional del MDB, que sufrió cambios hasta el último minuto, cambios que no pasaron por ningún debate previo y que fueron articulados por un estrecho aliado de Lira, el diputado Aguinaldo Ribeiro, del PP. Uno de ellos fue la ampliación de la inmunidad fiscal para las entidades religiosas, incluida a los 45 minutos del segundo tiempo. Es decir, esta reforma no sólo mantiene la exención fiscal para los templos, sino que amplía y graba en la Constitución esta inmunidad también para las organizaciones vinculadas a las religiones. Mientras sectores de la sociedad exigen el fin de esta permisividad tributaria, que en Brasil beneficia a los grandes mercaderes de la fe, el Congreso, como es lógico, mantiene y amplía tales privilegios.
Bancos y grandes industrias, no sin razón, celebraron la aprobación de la reforma. Más que eso, actuaron activamente para que la votación ocurriera, ya que el texto establece un régimen diferenciado de tributación para el sistema financiero. Los nuevos impuestos (CBS e IBS) no se aplican a los bancos. Pero aún no se sabe cuál será ese régimen diferenciado para los bancos. Al fin y al cabo, deberá ser creado por una ley complementaria, momento en el que el lobby Febraban jugará fuerte para que la tributación de los bancos -que hoy pagan PIS/COFINS, ISS e IOF, aunque en porcentajes muy bajos- se mantenga como está o incluso se reduzca aún más.
La extinción del IPI (impuesto sobre la industria), por otro lado, sirvió a los intereses de la Fiesp. Mientras que para el agronegocio, la exoneración de las exportaciones es una victoria, porque institucionaliza en la Constitución la realidad de la Ley Kandir, cuya tragedia estados como Rio Grande do Sul conocen de cerca. La PEC 45 veta expresamente la tributación de bienes y servicios destinados a la exportación, vendiendo la falsa idea de valorización de la producción nacional mientras, de hecho, refuerza el carácter de un Brasil exportador de materias primas y commodities agrícolas. La minería también se benefició de este cambio, un sector, al igual que el agronegocio, dominado por corporaciones internacionales que actúan de forma depredadora en el país.
Además, con la aprobación de la reforma, el agronegocio mantuvo la perspectiva concreta de obtener una reducción de hasta el 50% en los impuestos aplicados a los agroquímicos. El artículo 8 del proyecto de ley mantuvo este beneficio para los “insumos agrícolas”, de forma genérica, sin detallar cuáles serían estos ítems. Será posible, así, construir una ley complementaria que determine que el veneno que ponen en nuestros alimentos es un “insumo agropecuario”.
Pero la PEC 45 no sólo es mala por lo que hace, sino también por lo que deja de hacer. En un país con un sistema fiscal regresivo, en el que se cobra más a los que menos tienen a través de una fiscalidad excesiva sobre el consumo, la reforma fiscal se aprobó sin cambiar esta lógica. En el segundo país más desigual del mundo, los súper ricos no serán llamados a contribuir más y el Impuesto sobre la Gran Riqueza (IGF), previsto en la Constitución desde 1988, no fue incluido en el ámbito de la reforma tributaria. La PEC 45 mantiene a Brasil como el único país del mundo, junto con Estonia, que no grava los beneficios distribuidos a los accionistas en forma de dividendos. En un país con un tipo máximo del 8% sobre las herencias, la reforma fiscal no ha avanzado en el sentido de aumentar progresivamente este porcentaje, cuando incluso en Estados Unidos este tipo puede alcanzar el 40%.
Podemos concluir, por tanto, que la PEC 45 cambia sólo la forma, no la esencia de nuestro sistema tributario. Esto no significa negar los aspectos positivos de la medida. Simplificar el complejo sistema fiscal que tenemos es algo positivo, ya que da más racionalidad a las recaudaciones. Pero es una racionalización desde el punto de vista de los intereses burgueses, sin cambiar la lógica del sistema. Otros puntos positivos, como la desgravación de la canasta básica, en la práctica quedan para más adelante, con la necesidad de reglamentación por ley complementaria. El cobro del IPVA sobre jets y yates, elemento básico de la justicia tributaria, no es más que una posibilidad, una autorización de la PEC que corresponderá a los estados implementar – o sea, dependerá de las Asambleas Legislativas dominadas por la burguesía.
Dentro de esta discusión, se ha planteado en sectores de la izquierda que entre la simplificación fiscal y no hacer nada hasta que todo el sistema cambie, sería necesario dar un voto a favor de esta reforma para avanzar hacia cambios más estructurales. Este argumento ignora el hecho de que, con la aprobación de la PEC 45, todo el sistema político y económico ya se está uniendo para decir que finalmente Brasil ha desbloqueado la reforma fiscal, consolidando la idea de que no hay nada más que hacer. Como si el problema fiscal del país fuera extinguir cinco impuestos para crear dos. En esta tarea de propaganda, los grandes medios de comunicación son un aliado fundamental, con su cobertura superficial sobre el tema – y siendo ellos mismos beneficiados por el descuento fiscal del 50% para el sector periodístico y audiovisual nacional.
Ante este escenario, para presentar una posición independiente en el Congreso que no se embarque en la fiesta nacional de las élites o del teatro bolsonarista, la abstención fue la posición más adecuada, adoptada por Fernanda Melchionna, Sâmia Bomfim y Glauber Braga, del PSOL. Lejos de representar una ausencia de posición, en este caso la abstención fue el voto más posicionado posible. Fue un voto de alerta y de denuncia, en el sentido de expresar que esta reforma sólo cambia la forma, no la estructura. Fue un llamamiento a seguir la movilización por la tributación de las grandes fortunas y dividendos. Una demostración de que la independencia política para defender los derechos de los trabajadores no cabe en la fiesta de Febraban y Fiesp, ni se embarca en el juego de la extrema derecha – según quien la reforma sería aún peor y más permisiva con el agronegocio, la minería y el sistema financiero. La mayoría de los diputados del PSOL votaron a favor. Lamentablemente fueron parte de esta unidad entre el Ejecutivo, el Congreso y la gran burguesía. Pero lo peor no fue el voto, fue decir que la clase obrera obtuvo una gran victoria.