Escribimos este breve documento cuando el gobierno está próximo a cumplir los cien días y presenta su propuesta más importante: el nuevo “marco fiscal”, completando así la orientación central de su gobierno y su política económica. Sistematizamos algunos conceptos y tareas para discutir con la militancia y el activismo del PSOL en este escenario.
El significado histórico de la victoria electoral de octubre de 2022
La victoria electoral fue ajustada, pero histórica. Derrotar a Bolsonaro en las elecciones fue una victoria estratégica porque un segundo mandato de la extrema derecha podría producir un cambio cualitativo en el equilibrio político de fuerzas entre las clases y consolidar un régimen político cuanto menos reaccionario. La naturaleza democrática de la victoria de Lula abrió nuevas posibilidades para la lucha y nos sacó del borde.
Como analizamos, la victoria se debió a la conjunción de varios factores a favor de Lula: la oposición masiva a Bolsonaro por parte de los sectores más conscientes de la clase obrera y los sectores medios; la división de la burguesía, con sus sectores más poderosos cuestionando a Bolsonaro y una parte decidida de ellos en oposición al gobierno, como Globo y el STF; y la derrota de Trump en EE.UU., reorientando la política exterior de la potencia imperialista en una acción decisiva para la derrota de Bolsonaro en Brasil.
A pesar de la derrota en las urnas, el bolsonarismo tiene fuerza de masas, tiene peso institucional, está bien arraigado en sectores de la burguesía, terratenientes/agroempresariales, la clase media alta y las fuerzas de seguridad, contando con la simpatía de unos pocos millones en la clase obrera. De ahí el desafío de seguir teniendo como eje la lucha contra la extrema derecha y la cautela necesaria para que las críticas y los enfrentamientos con el nuevo gobierno no fortalezcan a este sector. Este escenario requiere mucha más habilidad y reservas que en 2003, cuando comenzó el PSOL.
La postura de independencia fue la fórmula adecuada para no perder de vista la necesidad de una postura alternativa, precisamente cuando el actual gobierno asume las posiciones derivadas de su carácter de gobierno burgués, so pena de abandonar las banderas de izquierda y consolidar la extrema derecha en camadas de trabajadores, con amplios sectores que deben ser disputados por la izquierda socialista.
Cuando lo definimos como un gobierno burgués, también definimos que no es un “gobierno burgués normal” por su composición, estrategia y programa. Con ministros que van desde figuras de movimientos sociales hasta representantes de la comunidad empresarial, la agroindustria e incluso sectores de milicias, definimos la fórmula Lula-Alckmin dentro de este concepto.
El 8 de enero en el marco de la coyuntura política
El gobierno comenzó con una toma de posesión popular de enorme poder simbólico, con millones ocupando las proximidades del palacio presidencial. Más bien, nombró al ministerio obvio para encarnar el carácter de gobierno descrito anteriormente. Unos días después, el 8 de enero, el bolsonarismo hizo su versión nacional de la invasión del Capitolio estadounidense. Fue una acción improvisada en forma de intento de golpe de Estado.
Tal acción resultó en una profunda derrota para la extrema derecha. Sectores de izquierda impresionistas y atemorizados volvieron a augurar que el bolsonarismo había demostrado su fuerza y capacidad, ensayando una nueva ofensiva. Pero la realidad demostró lo contrario, ya que la falta de preparación fue total, indicando un error básico en el análisis de la correlación de fuerzas y conduciendo al fortalecimiento del nuevo gobierno. Lula actuó rápida y enérgicamente, permitiendo una mayor cohesión en torno a su administración, extendiendo los pasos para expandir el apoyo arriba, en una “unidad nacional de todos sin Bolsonaro”. Además de eso, se fortaleció la agenda de “no a la amnistía”, transformando la posibilidad del arresto de Bolsonaro en algo sensato y ubicando su inelegibilidad como probable.
Aún bajo el ímpetu de esta acción, Lula y el gobierno fueron proactivos en la crisis del genocidio yanomami, enfrentando la situación de calamidad y atacando parte de la base de las milicias mineras y madereras que operan en la región con cobertura política del bolsonarismo. Hubo cientos de golpistas arrestados en las cárceles de Brasilia, entre ellos uno de los planificadores del intento de golpe, Anderson Torres.
El debilitamiento de Bolsonaro no estuvo acompañado de una lucha incesante por parte del gobierno. Ibaneis volvió a ser gobernador, luego del período de impedimento judicial y José Múcio, a pesar del reclamo de importantes sectores progresistas, continuó como ministro en el puesto clave de la relación con las Fuerzas Armadas.
Bolsonaro regresó al país, acosado por nuevas acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito en el caso de las joyas, un contrabando de mercancías por valor de millones de reales. A pesar de ello, Bolsonaro busca mantener su prestigio e iniciativa, incluso ante fisuras en su propia base de apoyo.
Sin embargo, al completar 100 días, la ventaja dada por la acción aventurera del bolsonarismo ya no tiene fuerza para reducir las contradicciones del gobierno.
La presión por el ajuste y el nuevo “marco fiscal”
La presión burguesa vino con toda su fuerza, centrada en la demanda de ajuste fiscal, ahora llamado “marco fiscal”. La forma de presión fue diversa: mediática y, sobre todo, a través de la acción práctica del Banco Central, manteniendo las tasas de interés más altas del mundo. Durante un tiempo, Lula resistió en su discurso, siguiendo el ejemplo bien ejecutado de Bolsonaro de transmitir ideas según la voluntad de su base social, pero dejando que el gobierno hiciera lo contrario. Como se ve en la experiencia de Bolsonaro, este padrón de acción puede mantenerse por un tiempo, pero no para siempre. Pronto, el discurso de Lula, bastante temprano por cierto, estaba más en línea con la práctica. Luego vino la nueva regla tributaria tan demandada y que agrada a la burguesía. El nuevo plan agradó al mercado porque prevé que el país ahorrará una parte de cualquier aumento de ingresos para pagar la deuda pública. Resulta que los mayores acreedores de esta deuda son precisamente los más ricos y los bancos. Estos son los dueños del mercado, y darles seguridad era el objetivo principal de la regla, mostrándoles que obtendrán cada centavo. Pero esta deuda es ilegítima, debe ser auditada y parte de su pago suspendido inmediatamente. Podemos usar como ilustración la reciente entrevista con Gabriel Galípolo, el número dos del Ministerio de Hacienda, en la que indica el camino adoptado por el gobierno:
“Una cosa es la regla, otra cosa son los parámetros. La idea de ser desafiante, pero creíble, está muy asociada a los parámetros. Debes demostrar al mercado y a la sociedad tu compromiso de buscar el resultado fiscal, que permitirá una trayectoria más equilibrada de la relación deuda/PIB, pero al mismo tiempo no traspasar una relación que a cada momento tendrá un régimen que funciona por excepción, como ya vimos”
Este es un debate complejo y el centro de la presión burguesa es hacer que el gobierno adopte la línea de superávit fiscal. El término es técnico, pero el objetivo es claro: garantizar recursos para pagar la deuda. El ajuste es fuerte, desde el 3% del PIB hasta el final del mandato. Es un compromiso para llevar a cabo un gobierno burgués. Lo que el país necesita son inversiones en educación pública, salud y obras de construcción de vivienda pública para garantizar el empleo y la vivienda. Si no, es la extrema derecha la que puede volver a fortalecerse en el futuro.
Aquí tenemos el excelente análisis de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, que muestra, por cierto, que el gobierno ni siquiera terminó con el tope de gasto, sólo aumentó entre 0,6 y 2,5% del gasto anterior (tras el aumento de ingresos de hasta 70% máximo) más inflación:
“Según la presentación del nuevo marco fiscal que hizo el gobierno, seguiremos teniendo un techo para el gasto primario y, además, ¡un techo para su crecimiento!
Como se muestra en la pantalla [presentada por el gobierno], ‘el tope de gasto actual ahora tiene una banda con un crecimiento real del gasto primario entre 0,6% y 2,5% anual’.
Eso significa que seguiremos teniendo topes en el gasto social y en la estructura del Estado. La diferencia es que este tope se calculará de manera más flexible, dentro de una “banda” que variará entre 0,6% y 2,5% por encima del gasto primario del año anterior actualizado por el IPCA.
Por ejemplo, si el gasto primario en un determinado año fue de R$ 1 billón, en el año siguiente no puede superar el tope máximo de R$ 1 billón + IPCA + 2,5% (R$ 25 mil millones), de acuerdo con el nuevo impuesto marco, con garantía techo mínimo de R$ 1 billón + IPCA + 0,6% (R$ 6 mil millones). Al calcular el EC-95 para este ejemplo, el techo se fijaría en BRL 1 billón + IPCA”.
Bolsonaro ya había “perforado” el techo de gasto en la práctica, como forma de materializar algunas de sus promesas electorales a lo largo del año 2022. El marco propuesto garantiza el superávit, es decir, el aumento del gasto público no puede llegar a más del 2,5% por encima de la inflación, ni el 70% de un eventual aumento de ingresos. Al mantener la perspectiva neoliberal, algunos economistas críticos han definido la fórmula como “tope de gasto de banda”. Todo ello para seguir pagando la deuda pública, remunerando a los rentistas. La nota de la Federación Brasileña de Bancos (FEBRABAN) no deja dudas:
“Este es un paso importante y meritorio, pues busca conjugar las prioridades sociales del país con el necesario control sobre la expansión del gasto público. Si bien es necesario conocer y profundizar en sus detalles, la propuesta anunciada representa un paso adelante en la búsqueda de un camino sostenible para la deuda pública, al establecer límites a la expansión del gasto del sector público combinado con metas ambiciosas de resultados primarios, con la previsión de reducir a cero el déficit primario ya en 2024”.
La dinámica de las luchas y las contradicciones
Los primeros cien días no estuvieron marcados por ninguna lucha mayor de carácter nacional por parte de la clase obrera, pero hay un espacio importante para la polititización en la sociedad. Apostamos y queremos desarrollar este espacio. Las encuestas indican niveles de apoyo a Lula en torno al 50%, sin embargo, cuando se habla de apoyo para bajar las tasas de interés, esta cifra salta al 80%, lo que demuestra un amplio apoyo popular a la lucha contra el rentismo.
Por otro lado, como ya se mencionó, el equilibrio de fuerzas sigue siendo un equilibrio inestable y con presencia de la extrema derecha. La acción parlamentaria de la extrema derecha tiene un impacto importante en las redes sociales; los gobernadores alineados con el bolsonarismo aún están en un período de espera, con resultados desiguales en sus primeros cien días.
Hubo algunas ocupaciones de tierras por parte del MST en Bahía, además de las ocupaciones rurales y urbanas promovidas por las FNL, así como la conmoción nacional generada por el escándalo del trabajo esclavo en las bodegas de Rio Grande do Sul. El PSOL de Rio Grande do Sul, por cierto, estuvo al frente de la denuncia y la solicitud de arresto del concejal bolsonarista Sandro Fantinel, así como de la importante articulación de juristas vinculados al Derecho del Trabajo, que insisten en la reanudación de la ley que prevé la expropiación de los agentes de la tierra que utilizan la fuerza de trabajo análoga a la esclavitud.
Tras manifestaciones a lo largo del mes de marzo, una disputa que involucró a los sectores más críticos y de izquierda del movimiento educativo -estudiantes, funcionarios y docentes- cosechó sus primeros frutos positivos. Se fortalecieron luchas importantes, como la suspensión de la reforma de la Enseñanza Secundaria e incluso luchas parciales tuvieron saldos importantes, como las huelgas de funcionarios y la del Metro de São Paulo que torció el brazo del gobernador Tarcísio de Freitas.
Otro drama que afecta a las escuelas son las redes de odio ligadas a la extrema derecha, expresadas con violencia en ataques contra escuelas, jardines de infancia y otros espacios similares que victimizaron a docentes, estudiantes y niños, conmocionando al país. El último episodio fue la masacre de niños en una guardería en Blumenau.
Otro flanco está en la lucha contra los crímenes de Bolsonaro: un manifiesto, firmado por figuras como Vladimir Safatle, Christian Dunker y Mães de Maio, entre otros, ya recolectó cientos de miles de firmas y hubo un importante acto de entrega el día 1 de abril –marcando la fecha del golpe de Estado de 1964– en la Facultad de Derecho de la USP.
El PSOL frente al “marco fiscal”
Ahora, habrá un momento de lucha política para el PSOL. Los sectores del partido que apoyan esta regla aceptarán el pacto nacional por mantener la política económica burguesa, una especie de neoliberalismo más moderado, a lo sumo con mayores medidas sociales compensatorias y algún plan de inversión en industria verde más competente. Un neoliberalismo menos salvaje, sin rendición descalificada, pero al fin y al cabo neoliberalismo, por la defensa de la austeridad y el sistema de endeudamiento. Las tasas de interés pueden bajar un poco, pero está claro que será una reducción muy lenta. La perspectiva visible es que el país no tendrá un crecimiento notable. La tendencia, por tanto, es a mantener la contracción salarial, el paro estructural y la precariedad de los servicios públicos.
Afortunadamente, existe una posibilidad de mejora en el país y en la situación de la clase trabajadora si los comparamos con los 4 años de Bolsonaro. La reducción del programa de privatizaciones, la calificación de los agentes públicos en universidades y salud, la mayor sensibilidad de los partidos de gobierno, que no existía en el gobierno de Bolsonaro, pueden permitir alguna mejora. Pero la tendencia general no indica una mejora sustancial que haría que el gobierno desarrolle un amplio apoyo popular. La tendencia es hacia el desgaste. El gobierno decidió apoyarse en la burguesía, especialmente en parceria con la Globo, pero también con los grandes capitalistas, y apostó al inmovilismo de los sindicatos, operando con el justo y evidente temor al regreso del bolsonarismo.
Algunas voces ya están actuando contra la adhesión crítica del PSOL a este verdadero “consenso neoliberal”, como la del economista de la bancada del PSOL, David Deccache:
“Un ejemplo concreto del impacto de la nueva regla fiscal es pensar qué pasaría si estuviera vigente en el Gobierno Lula 2, durante la crisis de 2008. En 2009, tuvimos una variación negativa en la recaudación neta del 0,14%. Con sólo la regla de corrección del 70%, no habría expansión real en 2010. Luego entraría el piso del 0,6%, que garantizaría un crecimiento real totalmente insuficiente y desligado de la realidad y que muchos celebran como un avance de la nueva regla. Un error. Yo explico.
En concreto, Lula hizo una expansión real del 16,29%. Si la regla de Haddad estuviera en vigor, sería solo del 0,6%.
¿Qué crees que le pasaría al país en ese momento? Así es. En lugar de expandir el empleo y los ingresos con el crecimiento del PIB más alto de las últimas décadas, tendríamos una desaceleración económica enorme y una crisis profunda”.
La valiente posición de Deccache nos ayuda a provocar un debate en el activismo sobre el rumbo de la economía, en el que debe participar el PSOL.
El escenario económico es preocupante
El ajuste contenido en la propuesta económica enviada bajo el nombre de “marco fiscal” es parte de un panorama sombrío. A diferencia de la década de 2000, cuando el gobierno se benefició de un ciclo de auge de las materias primas, en una economía mundial en la que China era el centro de expansión, el panorama actual es diferente, si no opuesto.
Siguen abiertos una serie de elementos de la coyuntura internacional: las consecuencias de la crisis del capital financiero que golpeó a los bancos SVB y Credit Suisse, la bomba de tiempo de la deuda en muchos países, la tensión entre China y EEUU, la posibilidad de una nueva quiebra en la vecina Argentina, además de la continuación de la guerra motivada por la invasión rusa a Ucrania.
Además, dos problemas inmediatos amenazan la economía: el nuevo aumento de los precios de los combustibles esperado con el regravámen y con los nuevos precios internacionales del petróleo y el aumento de la inflación/costo de vida. El gobierno debe implementar de inmediato la ruptura con la Política de Precios Internacionales (PPI) bajo pena de quiebra.
Nuestra política
Nuestra política debe tener como eje la lucha contra la extrema derecha, sin perder la defensa de los derechos de los trabajadores. Mantenemos la opinión de que el PSOL debe ser el motor que organice la lucha en todos los ámbitos contra la extrema derecha, sin perder su independencia. Nuestra ubicación, en la sociedad y en el parlamento, como “organizador” de demandas, será clave para construir un polo crítico, capaz de construir una alternativa real, anticapitalista y con influencia de masas.
Por ello, destacamos las siguientes consignas:
(a) ¡Contra la extrema derecha, desbolsonarizar Brasil! Es necesario aprovechar el momento defensivo de la extrema derecha para atacarla en sus puntos críticos, exponiendo los vínculos entre ataques escolares, ataques de odio, movimientos misóginos y similares con esta vertiente ideológica. Asimismo, la acción contundente contra el trabajo esclavo y el trabajo infantil, temas sistemáticamente relativizados por los parlamentarios bolsonaristas, debe enfrentar una lucha incesante o la amnistía de los responsables.
(b) Defender las banderas de la clase obrera, apoyando sus luchas y rechazando la regla fiscal, el ajuste de Haddad y los banqueros. Desde esta posición, vamos a desarrollar nuestra línea de defensa de la auditoría de la deuda pública, su impago y la reducción de las tasas de interés –remontándonos a los términos de la Constitución de 1988, que establecía como delito tasas superiores al 12%. Además, debemos centrar nuestra agitación en el impuesto a las grandes fortunas, los lucros y dividendos de las empresas y los bienes de lujo, demostrando al pueblo la necesidad de que los ricos paguen la crisis.
(c) Indicar la centralidad de las demandas socioambientales frente a la crisis climática. Para ello, es fundamental luchar por una reforma urbana que atente contra los intereses de los grandes mercados inmobiliarios, así como el enfrentamiento concreto al racismo ambiental que afecta a los sectores oprimidos más vulnerables de la clase trabajadora, además de la creación de un fondo especial contra desastres climáticos. En este sentido, el fortalecimiento de las políticas en defensa de los pueblos originarios, la lucha contra el extractivismo depredador y la minería aurífera en la Amazonía, la lucha contra las nuevas represas y obras de infraestructura que degradan el medio ambiente, entre otros ejemplos, deben estar en el centro de una plan de acción construido con protagonismo de los movimientos y organizaciones sociales de las poblaciones directamente afectadas.
Dirección Nacional del MES/PSOL (Movimiento de Izquierda Socialista).