FRANCIA | El movimiento social suspendido en el aire

La aprobación de la reforma de las pensiones, a pesar de la gran resistencia popular, coloca al gobierno de Macron en una situación de crisis

Foto: NPA

Artículo a ser publicado en el número de abril/mayo de la revista Inprecor.

Desde mediados de abril, la movilización social ha cambiado de ritmo y está ejerciendo una presión menor sobre Macron y su gobierno. Sin embargo, la hostilidad hacia la reforma de las pensiones, la hostilidad hacia Macron y su gobierno apenas ha disminuido, y todas las encuestas muestran una disminución creciente de la confianza del público y un clima de fin de reinado, mientras Macron apenas está en el comienzo del segundo año de su mandato y no logra encontrar una mayoría que respalde su gobierno, ni entre la población ni entre los diputados.

Macron logró promulgar su ley el 14 de abril, después de haber recibido un cheque en blanco del Consejo Constitucional y de ser salvado de la presión que habría supuesto un Referéndum de Iniciativa Compartida (RIP)[1]. La movilización en las calles continuó durante todo el mes de abril y desde entonces, a través de protestas locales, especialmente durante las visitas de Macron y sus ministros a las ciudades del interior. Las prohibiciones, las provocaciones y las múltiples violencias policiales no impidieron los conciertos de cacerolas y la presencia de cientos de manifestantes durante estos desplazamientos. De hecho, el 6 de mayo, Darmanin prefirió negar su visita para inaugurar un centro urbano en la región Norte y, finalmente, llegar de incógnito, todo esto para no enfrentarse a una cacerolada.

La Intersindical había decidido convertir el Primero de Mayo en una iniciativa unitaria sin precedentes. De hecho, contó con 2,3 millones de manifestantes, según la CGT, y 300 manifestaciones en todo el país, siendo la más masiva de las marchas del Primero de Mayo en los últimos 30 años, a excepción del Primero de Mayo de 2002. Este tuvo lugar en vísperas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre Chirac y Le Pen (el padre) y se convirtió en una manifestación antifascista con más de 2 millones de personas en las calles. El último Primero de Mayo sindical unitario, en 2009, en medio de la crisis financiera, reunió “solo” a 465,000 personas según la policía, frente a las 782,000 de este año según la misma fuente. Por lo tanto, el Primero de Mayo de 2023 presentó un aumento significativo en el nivel de movilización, comparable a las grandes manifestaciones del 23 y 28 de marzo, a pesar de la promulgación de la ley, a pesar del rechazo del RIP y en ausencia de un movimiento de huelgas renovables. Esta dinámica también es identificada por todas las encuestas de opinión, que señalan que más del 60% de la población desea que la movilización contra la reforma continúe.

El Primero de Mayo de 2023 no fue, en absoluto, una última resistencia, con una combatividad estimulante en los desfiles y el deseo de no pasar la página. Esto va de la mano de los “100 días de zbeul” [2], una competencia nacional entre todas las iniciativas de cacerolazos y acciones contra el gobierno, lanzada por la Unión Sindical Solidaires [3] y difundida en las redes sociales como respuesta a la pretensión de Macron de darse a sí mismo “100 días para actuar y salir de la crisis, 100 días de apaciguamiento”, un compromiso asumido durante su discurso del 17 de abril.

El gobierno, a pesar de que Macron hable de apaciguamiento, se destacó especialmente el 1 de mayo por el nivel de violencia policial contra las marchas, como si intentara ocultar la magnitud de las manifestaciones tras el humo de los gases lacrimógenos. El 1 de mayo, los “street medics” contabilizaron 590 personas heridas, entre manifestantes y transeúntes, 118 de las cuales de gravedad y tuvieron que ser evacuadas a servicios de urgencia. Pero todos los canales de comunicación se unieron para escenificar y denunciar la “violencia de los manifestantes desordenados”, los heridos entre los policías, tratando de silenciar tanto la violencia policial como la importancia de la violencia y el significado social de las manifestaciones.

Macron y su gobierno están saliendo muy mal parados de esta situación. Mientras Bruno Le Maire, el ministro de Economía, se esfuerza por presentar una política económica sólida y un gobierno estable ante el BCE y las agencias de calificación, la agencia Fitch, una de las tres principales junto con Moody’s y Standard & Poor’s, acaba de rebajar la calificación de Francia de AA a AA-, dos niveles por debajo de Alemania. Como instrumento del capitalismo liberal, estas agencias evalúan la confianza que los inversionistas, los compradores de bonos del Estado, pueden tener. Fitch sanciona “un alto nivel de déficit presupuestario y deuda pública y un clima social perjudicial para una política de consolidación”. Sin embargo, la reforma de las pensiones fue presentada precisamente como garantía de una gestión presupuestaria rigurosa. Esta ingratitud sin duda conducirá a un aumento en las tasas de interés de la deuda pública francesa.

El MEDEF, escaldado por la incapacidad de Macron para dirigir el barco, se enorgullece de ser capaz de dialogar con los sindicatos sobre la distribución del valor, el teletrabajo y la formación profesional, e incluso de obtener el acuerdo de la CFDT y la CFTC sobre la “distribución del valor”, es decir, todos los mecanismos que descartan los aumentos salariales a favor de la participación en los beneficios y los incentivos. El gobierno de Elisabeth Borne quería, por lo tanto, aceptar el desafío y dar la imagen de estar abierto a los líderes sindicales, después de haberlos despreciado durante tres meses. A principios de mayo, anunció que enviaría invitaciones a las organizaciones sindicales para discutir todos los proyectos a realizar, una escenificación que apenas oculta el rechazo a cualquier medida social. En todos los ámbitos, salud, educación, inmigración, todo lo anunciado por el gobierno va en la dirección de fortalecer las medidas de seguridad y restringir los presupuestos sociales. El truco habitual de Borne es dividir a la intersindical, excluyendo a los sindicatos “no representativos” (Solidaires, FSU y UNSA) y proponiendo una serie de reuniones el 16 y 17 de mayo a las otras cinco confederaciones, recibiendo a cada una por separado “sin agenda definida”. En esta especie de “pesca de fiesta junina”, el objetivo del gobierno es, obviamente, romper el frente sindical y ver si hay apertura para negociaciones destinadas a restaurar la imagen social del gobierno. Así, la CGT, la CFDT, la FO, la CFTC y la CGC se presentarán por separado en Matignon. Señal de la fragilidad, a pesar de todo, de la intersindical, no lo hacen con una plataforma común de demandas, excepto la reafirmación de la exigencia de retirar los 64 años.

Además, la Unión Intersindical Nacional ha convocado una nueva jornada de movilización para el 6 de junio. El objetivo explícito de esta jornada es apoyar una nueva iniciativa parlamentaria prevista para el 8 de junio por el grupo LIOT, un grupo independiente de centro que ya había iniciado la moción de censura el 20 de marzo. La iniciativa, el nicho parlamentario LIOT, consiste en un proyecto de ley que deroga el aplazamiento de la edad legal de jubilación a los 64 años. Teniendo en cuenta la relación de fuerzas, no es imposible que este proyecto sea votado por mayoría simple, lo que constituiría, obviamente, una nueva bofetada para el Gobierno y la garantía de un embrollo en los días y semanas siguientes. Pero el gobierno podría contar con sus sem ialiados de Los Republicanos en el Senado para desempatar esta votación y con el bloqueo de una comisión parlamentaria mixta antes de regresar a la Asamblea. Es cierto que la posibilidad de tal votación existe, pero el problema es que la intersindical deja esta hipotética votación como la única perspectiva en las próximas semanas e incluso meses, como se depositó la esperanza en la realización de un referéndum RIP hace algunas semanas. De hecho, la intersindical no ofrece ninguna perspectiva al movimiento social. Sin embargo, la fuerza de este movimiento, su profundidad y persistencia deberían permitir el establecimiento de una plataforma unitaria de demandas sociales liderada por la intersindical, aquellas que, más allá de la cuestión de las jubilaciones, han sido la base de las movilizaciones, sobre cuestiones de costo de vida y salarios, salud, educación, servicios públicos, entre otros. Lamentablemente, el reverso de la medalla de una intersindical unitaria, que ha dado ritmo al movimiento desde enero, ha sido la debilidad de una dinámica autónoma de Uniones Intersindicales locales o sectoriales que han dado su propio ritmo y contenido. Esto es lo que han hecho en parte los sindicatos de la CGT en los sectores de Energía, Química, Puertos y Docks, y Limpieza Urbana, y lo que hizo la intersindical de la SNCF en marzo. Hoy en día, la energía de los equipos locales se manifiesta en los conciertos de cacerolas y en los comités de “bienvenida calurosa” a los ministros, pero eso no es suficiente para dar una nueva dinámica, una perspectiva general de lucha a un movimiento social que no está agotado.

La otra cuestión, como corolario de la anterior, es la incapacidad del NUPES y sus componentes para apoyarse en este poderoso movimiento social para debatir las demandas de lucha contra el capitalismo liberal, en continuidad con el rechazo de los 64 años. El NUPES no busca aprovechar la situación actual para proponer que, a nivel sindical y político, los militantes del movimiento se reúnan localmente en estructuras unitarias para debatir juntos, actuar y construir una fuerza que se presente como una alternativa a Macron y a la extrema derecha. Lamentablemente, el bajo nivel de autoorganización en las empresas y a nivel local también ha sido una característica del movimiento desde enero. Podemos lamentar el reducido número de iniciativas de debates unitarios entre fuerzas políticas y sindicales en los últimos meses.

Actualmente, en lugar de debatir iniciativas unitarias locales en el marco del movimiento, los componentes del NUPES tienen su mirada puesta en las próximas elecciones europeas de 2024, donde los componentes que no pertenecen a France Insoumise (Partido Socialista, Ecología/Los Verdes y Partido Comunista) esperan recuperarse para equilibrar la relación de fuerzas a la izquierda. Sin embargo, la urgencia debería ser abrir la perspectiva de una construcción unitaria para luchar contra las políticas capitalistas de Macron, mientras la rabia social está presente entre las clases trabajadoras. Hace un año, el NUPES logró ocupar el terreno de la izquierda durante las elecciones legislativas. Pero desde entonces, si bien los diputados del NUPES han sido el brazo parlamentario del movimiento social, no se ha creado ninguna dinámica de agrupación unitaria de la militancia a nivel local o nacional. Este es uno de los elementos que explica por qué, paradójicamente, el NUPES, como fuerza política, no saca ningún provecho político de este movimiento social, mientras que la extrema derecha, el RN, se construye sobre la crisis de la derecha y una polarización de los sectores abstencionistas de la derecha.

Podemos decir entonces que, tanto a nivel sindical como político, actualmente hay un momento de suspensión, un momento en el que el movimiento social y popular de resistencia a Macron está en el aire. La urgencia en las próximas semanas es, por lo tanto, ocupar el espacio social y político a la izquierda para que los militantes que han actuado juntos en los últimos meses puedan unirse y actuar.

1 – RIP es un dispositivo constitucional que, en teoría, permite presentar un proyecto de ley sometido a referéndum siempre que sea respaldado por 1/5 de los parlamentarios. Sin embargo, el proceso es tan complicado y largo que hasta ahora no se ha concluido ninguno, generalmente quedando bloqueado en la primera etapa, la validación por el Consejo Constitucional.

2 – “Zbeul” es una palabra árabe incorporada en la jerga de los suburbios y significa “desorden”, “confusión”, “caos”.

3 – Fundada a finales del siglo XX por militantes descontentos con el rumbo seguido por las direcciones de los sindicatos tradicionales, especialmente la CFDT, la Unión Sindical Solidaires tiene actualmente una presencia significativa entre los empleados públicos y los trabajadores de empresas estatales y ex estatales (Correos, Ferrocarriles). Sus sindicatos a menudo se llaman SUD (Solidarios, Unitarios y Democráticos).

Léon Crémieux

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