Semanas después de la solicitud del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) para poner fin a la venta de armas letales de Brasil a la dictadura de Dina Boluarte en Perú, el gobierno de Lula ha respondido a la petición presentada por la diputada federal Fernanda Melchionna y ha cesado las ventas de este tipo.
La solicitud oficial de la diputada se realizó después del golpe parlamentario que destituyó y encarceló al presidente Pedro Castillo, elegido legítimamente en las últimas elecciones presidenciales del país y derrocado por un congreso controlado por la derecha y la extrema derecha. Castillo fue elegido con una plataforma de izquierda que representaba al interior del país, históricamente excluido de las decisiones políticas y económicas por la burguesía de Lima.
Con su destitución a través del golpe, la vicepresidenta Boluarte asumió el poder en alianza con los sectores más retrógrados del fujimorismo e inició un proceso de represión violenta contra las multitudes de todas partes del país que protestaban contra el golpe en la capital y en otras partes del país. En los últimos meses se han registrado más de 80 asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, la decisión del gobierno no impide la venta de armas de fuego realizada por empresas privadas brasileñas, lo que requiere continuar la lucha contra la dictadura peruana también en Brasil. Solo entre enero y abril de este año, Brasil exportó casi 1 millón y medio de reales en armas y municiones a la dictadura Boluarte. Al tener una de las mayores comunidades de inmigrantes peruanos en el mundo, es esencial que la presión continúe hasta el embargo total de la venta de armas y municiones al gobierno usurpador.