En una protesta espontánea, cientos de personas de los barrios obreros de Santiago, la segunda ciudad de Cuba, salieron a la calle coreando lemas como “luz y comida” y “tenemos hambre”. La protesta se debe a las constantes interrupciones del suministro eléctrico, con apagones de hasta doce horas diarias que estropean los alimentos congelados. También critican el racionamiento de alimentos como el pan o la leche para los niños, que a menudo no llega a la gente que lo necesita.
Ninguna organización de la oposición cubana se ha responsabilizado de esta protesta, cuyas reivindicaciones se han limitado al coste de la vida y a las dificultades que atraviesa la población. A pesar de ello, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reaccionó a las protestas afirmando que “en las últimas horas hemos visto cómo terroristas radicados en Estados Unidos, a quienes hemos denunciado en otras ocasiones, alientan acciones contra el orden interno del país”.
“La disposición de las autoridades del Partido, el Estado y el Gobierno es atender los reclamos de nuestro pueblo, escuchar, dialogar, explicar las numerosas medidas que se están llevando a cabo para mejorar la situación, siempre en un ambiente de tranquilidad”, continuó el presidente cubano.
Y las manifestaciones del domingo fueron efectivamente pacíficas, con la gente dirigiéndose a la sede del PC cubano en Santiago, donde algunos dirigentes intentaron calmar a los manifestantes. Y no pasó mucho tiempo antes de que volviera la luz a Santiago y se reanudara la venta de alimentos.
La principal dirigente del PC cubano en Santiago, Beatriz Johnson Urrutia, dijo en las redes sociales que “el pueblo de Santiago de Cuba fue respetuoso y escuchó con atención la información dada por la dirección del municipio sobre la distribución de la canasta” y también el suministro eléctrico, dadas las dificultades de las centrales termoeléctricas y la falta de combustible. Otros dirigentes culparon al “bloqueo genocida” de Estados Unidos y a la injerencia de la embajada norteamericana en La Habana, a la que acusaron de “interferir en los asuntos internos del país e incitar al desorden social”.